Como todos sabemos la vivienda y sobre todo para todas la mexicanas y los mexicanos, es más que un conjunto de paredes y un techo, es un hogar, es donde reside nuestra familia, donde queremos convivir con tranquilidad, con paz, con tranquilidad, es nuestra casa y la cuna de la sociedad.
Este derecho a una vivienda, está consagrada nuestra Carta Magna, como toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Siendo la ley el medio idóneo para instrumentar todo lo necesario a fin de alcanzar el pleno ejercicio de este derecho fundamental.
Pero lamentablemente el acceso a la vivienda adecuada, es un derecho limitado por diversos factores como la pobreza, la marginación o la vulnerabilidad, las cuales se expresan de distintas formas y en niveles diferentes, atendiendo al desarrollo de cada uno de los países.
La pobreza, la vulnerabilidad y la marginación, son situaciones que afectan directamente y de forma determinante la calidad de vida de las personas. Por ello, cualquier atención que den los Estados a estos temas, deberán abordarse de manera integral y preferente.
Actualmente la Ley de Vivienda contempla expresamente la atención a personas en situación de pobreza, pero olvida a aquellos en condicionesdemarginación o vulnerabilidad, que son factores prioritarios de protección que debe garantizar el estado mexicano.
Estudios del Banco Mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las familias ante situaciones adversas es intrínseca a la pobreza, cito: "Cuando los recursos del hogar no alcanzan para adquirir el valor de la canasta alimentaria, más una estimación de los gastos necesarios de salud, vestido, calzado, transporte, educación y vivienda".
En el caso de nuestro País, el Plan Nacional de Desarrollo define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y culturales.
Gran parte de las mexicanas y mexicanos hoy enfrentan un entorno de vulnerabilidad, la posibilidades para acceder a una vivienda no son las mismas simplemente por el hecho de ser mujer, por ser joven, por tener una discapacidad, o se adulto mayor, o ser migrante.
En datos del Inegi, 35.7 millones de mexicanos, es decir; 9 millones de hogares se encuentran en situación de rezago habitacional y más de 2 millones en hacinamiento.
La marginación, por otro lado, es el efecto de prácticas de discriminación o intolerancia de tipo racial, sexual, étnica, cultural, religiosa o ideológica, causada principalmente por una situación económica precaria.
Nuestro entorno y el hecho de padecer una privación económica nos conlleva a la exclusión, como una falta de participación tanto en lo económico como en lo político, lo cultural y lo social. La exclusión social es algo más que mera pobreza, se trata por tanto de una acumulación de problemas que tenemos que darles solución.
Es por todo lo anterior que los programas sociales deben de ser integrales, para abarcar, en la medida de lo posible, a todos los grupos que se ven limitados a acceder a ellos por alguna circunstancia.
Se ha avanzado en éste sentido y hace unos días SEDATU informó que el rezago de vivienda se ha reducido de 30% a 28% gracias a la actual política de vivienda.
El presente dictamen busca fortalecer estas acciones afirmativas en pro de las mexicanas y mexicanos más necesitados, por lo que complementa el concepto de pobreza contenido en la Ley de Vivienda, abarcando integralmente a los grupos poblacionales que requieren mayores posibilidades de atención en esta materia.
Estos términos se deben incluir como una medida legislativa para brindar una protección reforzada a los grupos sociales limitados por alguna circunstancia, para que puedan acceder al ejercicio pleno del derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa.
Asimismo, en concordancia con la Ley General de Desarrollo Social donde se consideran estos términos, es necesario contemplar los conceptos de marginación y vulnerabilidad en la Ley de Vivienda, para contar con un marco jurídico uniforme que brinde la protección más amplia a las mexicanas y a los mexicanos.
Además de los conceptos de marginación y vulnerabilidad, el dictamen que se pone a su consideración incorpora expresamente la evaluación de los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda, para posteriormente fortalecerlos atendiendo a mejores prácticas nacionales o internacionales.
De igual modo, integra el principio de responsabilidad social empresarial en los programas de créditos fomentados por las instituciones de banca de desarrollo y las instituciones privadas de crédito, contribuyendo a la construcción de una sana convivencia, donde se respeten los valores éticos, la comunidad, el medio ambiente y el ser humano.
Como legisladoras,legisladoresy como mexicanos con un profundo sentir humanitariodebemos apoyar a quienes no han sido favorecidos con los elementos necesarios para llevar una vida digna y de calidad.
Con estas acciones podremos combatir un gran número de problemas sociales y económicos que aquejan a nuestro país, y daremos la posibilidad a más familias mexicanas de poder contar con una vivienda, de formar y tener un verdadero hogar.
MUCHAS GRACIAS.
