Con la venia de la Presidencia:
El día de hoy está a nuestra consideración un paquete de reformas cuya importancia no sólo radica en el cumplimiento de un mandato Constitucional, sino que además pretende atender las preocupaciones más genuinas de la sociedad que se ha cansado de ver multiplicarse en todos lados las injusticias, mientras las instituciones encargadas de evitarlas brillan en muchos casos por sus omisiones, por su lejanía frente a los ciudadanos y por su ineficacia.
En nuestra forma de gobierno el Poder Judicial de la Federación fue creado como el órgano encargado de proteger y hacer valer la norma suprema, pero sobre todo es la institución que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las y los mexicanos.
Es innegable que desde hace años el Poder Judicial necesitaba una reforma integral a fin de fortalecerlo y que éste pudiera combatir con mayor eficacia los casos de corrupción, de nepotismo, de impunidad e incluso de acoso sexual registrados en su seno.
Igualmente, era necesario hacer algo para modernizar al Poder Judicial y para contar con mejores perfiles, para que sus integrantes estén más capacitados para cumplir con su labor, pero fundamentalmente para acercarlos a la gente y hacerlos más sensibles a sus problemas.
En el mismo sentido, es necesario llevar la justicia hasta donde nunca había llegado y hacerla realmente accesible para quienes siempre se les ha negado por no contar con los recursos suficientes para defenderse y hacer valer sus derechos.
Todo lo anterior es parte de la reforma constitucional que en la materia presentó hace más de un año el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo.
Compañeras y compañeros Diputados, estamos frente a una de las reformas más trascendentales de los últimos años para el Poder Judicial y para el país entero, la más importante desde aquella que tuvo lugar en 1994 con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para impartir justicia.
Seamos conscientes de la magnitud del reto que implica lograr lo anterior. Son de destacar los enormes esfuerzos que desde este Poder Legislativo, en conjunto con el propio Poder Judicial, se han realizado para sacar adelante este proyecto, tanto las modificaciones en el texto constitucional como la legislación secundaria, es decir, lo que hoy está a nuestra consideración.
No olvidemos que esto se ha logrado en el contexto de una pandemia que nos obligó a restringir nuestras actividades, si los trabajos legislativos han sido arduos, mucho más lo será el proceso para implementar lo que hemos aprobado, pues la transformación del Poder Judicial de la Federación va a requerir del talento y el esfuerzo de todos quienes lo integran, pero especialmente de aquellos quienes han participado desde la concepción de la misma.
Es por lo anterior que el Senado de la República aprobó ampliar el encargo del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
Muchos han criticado esta decisión por considerar que se trata de una reelección y que va en contra de lo dispuesto en nuestra Constitución. Sin embargo, debemos ser precisos y no confundir a la opinión pública, pues es claro que solo se amplía la duración del encargo como Presidente de la Suprema Corte de su actual titular por única ocasión y con un objetivo específico: cumplir con la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
No se trata de una reelección y tampoco de una ampliación de su periodo como Ministro, lo cual prohíbe expresamente la Carta Magna. Arturo Zaldívar es Ministro de la Corte desde el 1 de diciembre de 2009 y concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2024, por lo tanto, éste no se extiende ni un solo día más de los quince años que señala el texto constitucional.
Tampoco se trata de un traje a la medida, pues de igual modo se amplían los encargos de los seis consejeros del Consejo de la Judicatura Federal.
Por otra parte, se ha dicho que la extensión del mandato del Presidente de la Corte puede ser considerada como la puerta de entrada a la reelección presidencial. Nosotros creemos que definitivamente NO es así.
Debemos recordar que quien resulta electo para ocupar un cargo unipersonal como lo es la Presidencia de la República lo ejerce durante todo el tiempo que dura el encargo, mientras que en el caso de la Corte la Presidencia puede ser ejercida por un periodo de tiempo determinado por cualquiera de los ministros, siempre y cuando no exceda los 15 años.
Por todo lo anterior, quisiera invitarlos a la reflexión, a despojarnos de nuestras filias y fobias políticas, a no mezclar en esta discusión elementos jurídicos con motivaciones político electorales porque eso no le hace bien al país y lo único que se logrará es retrasar la posibilidad de transformar el Poder Judicial como lo exigen las circunstancias que hoy vivimos. Pensemos alto y pensemos lejos, como decía Ortega y Gasset para poder ver al país más allá de nosotros mismos.
